El derecho a la educación y la organización de la misma en el caso de personas con autismo u otras discapacidades graves, está regulada por la legislación nacional. 

En la práctica, los niños con autismo o con una discapacidad grave no siempre gozan de una discriminación positiva, en lo que respecta al apoyo adecuado o apropiado al que tienen derecho, que les permita acceder a una educación efectiva. 

Como consecuencia, se ve impedido el desarrollo completo de su personalidad y la posibilidad de llevar una vida digna dentro de la sociedad desarrollando todo su potencial. 

En estos casos, los padres o los defensores puede recurrir a la justicia para que se reconozca y se haga valer su derecho a la educación.






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